Comete María Elena Solana violencia institucional
*Niega apoyos alimentarios importantes a mujeres de Villa Comoapan.
*CNDH y código penal de Veracruz condenan y castigan tales atropellos a este sector.
*Ojalá no le pase como a los hermanos Yunes Marquez.
Luis Manuel Toto Polito
San Andrés Tuxtla
Observatorio en línea
Tras las investigaciones que realiza el ORFIS al ayuntamiento de San Andrés Tuxtla por presunto daño patrimonial de 53 millones de pesos, un nuevo delito pero de índole social se le estaría sumando a la alcaldesa María Elena Solana Calzada: el de violencia institucional contra las mujeres al impedir la entrega de apoyos sociales alimenticios a cientos de feminas, sus hijos y personas de la tercera edad de la villa de Comoapan, y que estaban pactados para este jueves 17 de julio, todo por revancha y ardor político.
De acuerdo a lo que fue reclamado por varias madres de familia de este lugar, la presidenta María Elena Solana habría negado tales beneficios y esto habría sido comunicado al agente municipal Víctor Maldonado como metodo de intimidación y en una clara revancha política después que ayer martes él acudió al congreso del estado para gestionar una cancha deportiva. Eso le habría «dolido mucho» a la presidenta y fue suficiente para decir «el apoyo de mañana se suspende», según consta en un audio.
De acuerdo al marco legal, ella, María Elena Solana Calzada está impidiendo el acceso a recursos y programas públicos y a su vez vulnera los derechos humanos para la asistencia social así como el derecho a la alimentación asentados en el catálogo de la comisión nacional de derechos humanos (CNDH), todo por una visible revancha política.
Además, cabe mencionar que de acuerdo al código penal de Veracruz en su artículo 365, señala que a quien en el ejercicio de la función pública dilate, obstaculice, niegue la debida atención o impida el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como a acciones, programas públicos y al disfrute de políticas públicas se le impondrá una sanción de seis meses a dos años de prisión.
Recalcar que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado (aclarando que el estado significa los tres órdenes de gobierno) tiene la obligación de garantizar este derecho, algo que ha sido negado por la administración de Solana Calzada.
Además, recordemos que cualquier denuncia social que implique daño a mujeres, menores de edad y adultos mayores debería ser atraido por la fiscalía general del estado por muy menor que parezca, ya que se trata de un hecho con apariencia de delito y que está siendo proclamado por mujeres madres de familia de la Villa de Comoapan.
Es importante precisar que aunque el apoyo está siendo negado por la alcaldesa que es quien mantiene la representacion del ayuntamiento, esto también significa que existe responsabilidad de los demás funcionarios; síndico y regidores. Ya que ella está siendo omisa deben intervenir los demás ediles porque se trata de un cuerpo colegiado el que debe regir la institución no solo la alcaldesa frente los errores que comete en su administración.
Pareciera que el desconocimiento de la ley y la incapacidad política junto al uso del estómago para la toma de decisiones hacen posible más tropiezos de la autoridad que cada día es más vista por sus conciudadanos como alguien que cava más y más profunda su tumba por los problemas que está generando.
Ya son miles de voces que advierten que la autoridad sanandresina debería dejar de lado los rencores políticos y voltear a ver las necesidades de sus gobernados porque ya son varias ocasiones que ocurren estas acciones violentas contra las mujeres, y está vez ha sido grabada reconociendo que no entregará los apoyos por el simple hecho de que el agente municipal visitó el congreso del estado.
Ojalá que a María Elena Solana Calzada no le ocurra como a el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez y a su hermano Fernando quienes ahora están huyendo del país por delitos que parecieran insignificantes, pero que para la ley merecen cárcel, y que la fiscalía tiene el deber de investigar y/o castigar.
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