Morena acelera extinción de órganos autónomos y entes reguladores; ya hay predictamen
*El proyecto busca racionalizar los recursos públicos, así como promover la austeridad y la no duplicidad de funciones, a fin de erradicar las desigualdades sociales.
La bancada de Morena ya tiene listo el predictamen por el que se propone eliminar a siete órganos autónomos y entes reguladores. Lo anterior a pesa de que la Comisión de Puntos Constitucionales acordó que sería hasta el 15 de agosto cuando iniciaría el proceso de dictaminación de la iniciativa en materia de simplificación administrativa.
El predictamen que ya circula al interior de la Cámara de Diputados, confirma la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), así como los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El proyecto sostiene que lo que se busca es racionalizar los recursos públicos, así como promover la austeridad y la no duplicidad de funciones, a fin de erradicar las desigualdades sociales.
“En México los órganos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democrática, pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para «descentralizar» a la Administración Pública Federal (APF) mexicana”, señala el texto.
Se agrega que la creación de estos organismos no ha implicado un verdadero proceso de descentralización, “sino de desconcentración administrativa, al transferir algunas funciones administrativas o técnicas a niveles más bajos de administración, pero manteniendo el poder de decisión a nivel central”.
Como ejemplo, asegura que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), comenzó a dar permisos de generación eléctrica a los particulares “de manera irresponsable y desordenada, poniendo en riesgo las redes de transmisión y del Sistema Eléctrico Nacional (SEN”).
“Con la actual propuesta de reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asume el establecimiento de tarifas eléctricas y la Secretaría de Energía asume las demás facultades y atribuciones de la CRE, atendiendo, además, los criterios de la política de austeridad republicana del presente Gobierno”, se puntualiza.
También se explica que desde su creación y hasta 2024, se les ha asignado a los organismos que se pretenden extinguir la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y, en la mayoría, se ha presentado un incremento anual en su presupuesto.
Se establece que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable”, se advierte.
También se sostiene que la extinción de los órganos constitucionales autónomos del Proyecto de Decreto “no transgrede las obligaciones de México, establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC”, toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
En caso de aprobarse el predictamen, las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) irían a la Secretaría de Economía; las de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); las de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) irían a la Secretaría de Energía (Sener); las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); las del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación irían a la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En lo que respecta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las facultades se repartirían a diversos entes públicos y a la Función Pública.
La reforma agrega que los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de los Organismos garantes de las entidades federativas, que continúen en su encargo cuando se apruebe la reforma, “concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación”.
EL UNIVERSAL
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