“Aunque sea lo último que haga en la vida”, me cobraré la persecución contra mis hijos

El exgobernador panista calificó como una bajeza el actuar de la 4T en contra de Miguel Ángel y Fernando Yunes; Prevé que siga persecución contra su familia con “10 carpetas de investigación que sacaron del basurero”; Denuncia a Cuitláhuac por incumplimiento de un deber legal y abuso de la fuerza pública

VERACRUZ, VER.-El exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares advirtió que “aunque sea lo último que haga en la vida” le cobrará al Gobierno de MORENA la persecución política que iniciaron contra sus hijos, el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez y el diputado federal electo Fernando Yunes.

Yunes Linares, quien es además senador suplente en la fórmula con su hijo, afirmó que nunca se ha metido con los hijos de un adversario y calificó como una bajeza lo que hacen el gobernador Cuitláhuac García, la fiscal general Verónica Hernández y la gobernadora electa Rocío Nahle García.

“Esto es claramente una agresión personal, no un acto de justicia. Por eso, en su momento, pasaré las facturas. Lo haré yo, nadie más. Reitero, es una agresión personal, no es un acto de justicia y así la registro. Nunca me he metido con los hijos de un adversario. Es una bajeza. Se metieron con los míos, aunque sea lo último que haga en la vida, se los cobraré a todas y a todos los agresores. No tengan duda. Nada es para siempre, tampoco el poder”, advirtió.

“Vienen más escándalos, más denuncias, más acusaciones y seguiremos defendiendo y los dejaremos en ridículo como los venimos dejando en ridículo (…) es increíble formar un grupo de persecución, así se llama, está integrado por Cuitláhuac, un representante de Nahle, la Fiscal, la Fiscal de Investigaciones Ministeriales, 6, 5, fiscales, más 5 fiscales estatales dedicados a la persecución política, 6 jueces. Tenemos los nombres de todos”, aseguró.

En rueda de prensa, afirmó que interpuso 2 denuncias contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, una de ellas por incumplimiento de un deber legal y una más por abuso de la fuerza pública.

La primera está relacionada con la no ejecución contra la empresa responsable de la instalación de las cámaras de videovigilancia, toda vez que debió emprender acciones legales para cobrar un seguro por no operación. La segunda se relaciona con los abusos cometidos por la Fuerza Civil contra ciudadanos en los casos de Totalco y Banderilla.

“Cuando les demostremos que es una persecución política, ellos habrán incurrido en un delito: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y habrán incurrido también en una sanción de carácter civil. De eso no tengan duda y lo digo ahí: será lo último que haga en mi vida, pero se las voy a cobrar”, finalizó.